La oposición en pleno pide la dimisión de la concejala de Policía

Los cuatro grupos políticos que configuran la oposición en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Abarán (PSOE, IU, C's y UYD), pidieron este martes la dimisión -o en su defecto el cese por decreto de alcaldía-, de la concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, Alba Gómez, a quien acusan de «negligencia e imprudencia en el cumplimiento de sus funciones», expone la moción presentada por los citados partidos, que, además, avanzan que «o bien dimite o bien la cesan, o ejerceremos medidas legales».

Rosa García, de Ciudadanos, fue la encargada de leer la moción conjunta, explicando que tal petición viene motivada, entre otras cuestiones, por la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Murcia, que ha condenado al consistorio al pago de 6.335 euros a un agente de la Policía Local a quien se le da la razón en el sentido de que era este quien, tras la baja por enfermedad del anterior jefe de la Policía, debía ocupar el mando de la jefatura por ser el cabo de mayor antigüedad, nombramiento que no se produjo en su momento y que recayó en otro agente.

«Esta es solo una muestra del caos organizativo que existe en la policía y de la irresponsabilidad de la concejala encargada, que fue avisada en Pleno de que íbamos a terminar en los juzgados y que sus decisiones costarían dinero al pueblo, aunque jamás nos escuchó y actuó con su solo criterio y con actitud chulesca», esgrimía la oposición.

En su defensa, Alba Gómez explicó que cuando se produjo la baja del anterior jefe de la Policía existían dos mandos intermedios (cabos), uno de los cuales, el de mayor antigüedad, se encontraba trabajando, a petición propia, como inspector municipal de infracciones urbanísticas, mientras que el otro ya venía desempeñando algunas labores de jefatura en las ocasiones en las que el sargento-jefe no estaba de servicio «por lo que se entiende que ésta era la persona más idónea a ocupar el cargo», explicaba la edil.

«Yo hice esa propuesta tras consultar a los servicios jurídicos del ayuntamiento y a la secretaria que en esos momentos había. Pregunté si era viable legalmente hacerlo y consensuamos que, en base al artículo 23 de la Ley de Coordinación de Policía Local, podíamos tomar la decisión», añadía. «Por tanto -continuaba diciendo- no fue algo arbitrario ni negligente, sino que elegimos a la persona que consideramos era la idónea para hacer ese trabajo, puesto que ya lo venía desempeñando».

El cargo encima de la mesa

Finalmente, tras asegurar que no tiene intención de dimitir, la responsable de la Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana acabó dejando en manos del alcalde la última palabra. «Yo pongo mi cargo encima de la mesa y si estima que no le gusta mi forma de trabajar o cree que he cometido alguna irregularidad en mi trabajo, que él disponga de la mejor manera posible», concluía.

La oposición dispuesta a ir más allá...

Tras un intenso debate en el que cada grupo político hizo uso de su turno de palabra, desde la oposición se lanzó un claro mensaje «O dimite o es cesada en el plazo de las próximas 48 horas, o ejerceremos cuantas medidas legales estén a nuestro alcance», aseguraron.