
El magistrado de Menores de la Audiencia Provincial de Murcia, Rafael Romero del Pozo, sentó cátedra en su intervención ante numerosos profesionales de la enseñanza y padres de familia que asistieron a su ponencia con motivo de la I Jornadas Profesionales “Nuestra población infantojuvenil, todo un reto”, que, organizada por el Ayuntamiento de Abarán, se celebró en la sala Adolfo Suárez.
Presentado por la psicóloga, María Eulalia Caballero, el juez de Menores que ejerce desde el año 2006, incidió sobremanera en el papel fundamental que debe jugar la familia, y sobre todo el entorno en el que se mueven sus hijos. «Antes de acudir un joven al juzgado, intentamos buscar soluciones y alternativas, tratamos de saber qué ha pasado antes de juzgar y siempre tenemos que evitar el internamiento», admitió.
El juez se felicitó «porque algo bueno estamos haciendo cuando de cada diez menores que nos llegan, siete no vuelven a delinquir, y nueve de cada diez no acaban siendo delincuentes de mayores. Pero, ¿por qué cometen delitos los menores entre 14 y 17 años?», se preguntó. «Pues muy sencillo: problemas familiares, de educación y consumo de estupefacientes, entre otros, que le arrastran al fracaso», respondió.
Tras reconocer que «las redes sociales hacen mucho daño», nombró a los padres. «Habría que mandar a algunos a tomar por saco, pues no quieren afrontar los problemas y no por eso podemos meterlos en la cárcel». Reiteró que «hemos convertido a los jóvenes en indolentes y la culpa es de las familias, por lo que no tenemos que echar balones fuera».
«Nos hemos dado cuenta de que nos cuesta mucho tomar iniciativas para defender al menor en asuntos de drogas, absentismo y abandono escolar, situación de riesgo, malnutrición y desamparo». El responsable judicial de menores fue muy crítico, y citó «la falta de competencia y la falta de profesionalidad», para, a continuación, denunciar que «los profesionales miramos a otro lado en algunas ocasiones y nos cuenta llamar a los padres, y pocas veces, por ejemplo, Sanidad no envía a la Fiscalía o al Juzgado de Menores situaciones de los menores que, además de las citadas, alcanzan también al trastorno de conducta no diagnosticada», concluyó, no sin antes recordar que «la familia educa, la escuela enseña y la burocracia pone zancadillas».

















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