La norma establece la mediación extrajudicial voluntaria entre bancos y familias con dificultades para pagar. La reforma garantiza el derecho al hogar frente a los desahucios forzosos, así como el realojamiento de las personas sin recursos afectadas por estos procedimientos La iniciativa sale adelante con los votos favorables de los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos. El PP se ha abstenido.
El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado hoy la modificación de la Ley de Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que introduce como principal novedad un mecanismo de mediación voluntaria entre bancos y otros grandes propietarios de bolsas de viviendas con ciudadanos que tengan dificultades para pagar sus hipotecas. El objetivo principal es evitar los desahucios.
La modificación de la norma está inspirada en la Ley Antidesahucios de Cataluña, suspendida de forma cautelar después de que el Gobierno de la nación la haya recurrido ante el Tribunal Constitucional. Para evitar que ocurra lo mismo, el texto ha sido suavizado durante su tramitación previa. Así, el proceso de mediación es voluntario y no obligatorio, como en la comunidad catalana.
A partir de ahora, los grandes propietarios de viviendas podrán suscribir un convenio con la Comunidad para sumarse de manera voluntaria al proceso de mediación extrajudicial con inquilinos que tengan dificultades económicas para hacer frente a las hipotecas. En los casos en que las ejecuciones estén iniciadas, se paralizará el proceso de desahucio a la espera del resultado de la mediación.
La ley también tratará de evitar que las familias sin recursos se queden sin luz, gas o agua. Las empresas suministradoras de esos servicios podrán adherirse, también de forma voluntaria, al convenio autonómico con el compromiso de avisar a los servicios sociales de una situación de impago antes de cortar la electricidad o el suministro de agua a una familia.
La nueva normativa se ha desarrollado de manera que se contemplen medidas para paliar la pobreza energética y que la Comunidad ejecute una política en materia de consumo para que se apliquen procedimientos extrajudiciales para resolver situaciones de sobreendeudamiento.
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