Cuatro familias que residen en la calle Mayor de La Estación de Blanca demandarán al Ayuntamiento porque la rotura de la red general de abastecimiento de agua les ha provocado serios problemas de seguridad en sus domicilios, según denuncian.
Los afectados reclaman al Consistorio y a la empresa Blanca Fomento Social, S.L., de titularidad municipal y entidad que gestiona el servicio municipal de aguas, una indemnización de 157.860 euros como consecuencia de los daños sufridos en sus viviendas y que abarcan «la demolición, acondicionamiento del terreno, cimentación, estructura, fachadas, carpintería, instalaciones, revestimientos, aislamientos e impermeabilizaciones, gestión de residuos y control de calidad», anuncian los propietarios.
Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando «aparecieron unas fisuras en la tabiquería» de las viviendas y que, con el paso de los meses, «se convirtieron en grietas, produciendo otros daños, como levantamiento de pavimentos y alicatados, deformaciones de carpinterías exteriores y desconchados en revestimientos continuos», denuncian.
«En abril de 2017 se detectó una avería porque había pérdida de agua en una tubería a presión. Provocó un enorme socavón», explican los vecinos. La concesionaria del servicio reparó dicho desperfecto, «pero aquella pérdida debió comenzar muchos meses atrás, ya que se produjeron filtraciones en el terreno y en la cimentación de las casas, lo que dañó la estructura de nuestras viviendas».
Los vecinos no comprenden «la actitud de dejadez y pasividad del Ayuntamiento, que ya dura casi dos años». La casa que presenta mayores daños es la que habita María Luisa Martínez y su familia. Allí, las grietas y malformaciones aparecen tanto en habitaciones como en el cuarto de baño y la escalera. «Vivimos aquí porque no tenemos otro sitio, pero no hay derecho a estar en una casa en la que hay grietas de gran tamaño», lamenta esta propietaria.
Otra de las vecinas afectadas por la rotura de la red es Antonia Benavente, que vive con su esposo, Antonio Cano. «Es la primera vez que ocurre esta irregularidad y la alcaldesa ni se preocupa ni tiene el más mínimo interés en darnos una solución», critica. Otra de las familias afectadas, formada por Luis Martínez e Isabel Ortega, confiesa que «estamos desatendidos y nadie viene por aquí, de ahí que necesitamos la ayuda de la Corporación de Blanca, porque no podemos seguir viviendo en estas condiciones».
Pendientes de los técnicos
El bufete de abogados que defiende a estas familias, que viven en un conjunto de diez adosados construidos en 1986, y que poseen planta baja y una altura, presentó en marzo de este año una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, la mercantil Blanca Fomento Social, S.L. y las aseguradoras, por importe de 130.462,74 euros más IVA. Hasta la fecha, los letrados no han recibido contestación alguna.
Por su parte, la alcaldesa de Blanca, Esther Hortelano, afirma ser conocedora del conflicto y señala que «por el momento no voy pronunciarme, dado que el expediente está en tramitación y serán los técnicos los que tengan que tomar una decisión». Sin embargo, la regidora sostiene que, «según la concesionaria del servicio de agua, a instancias de la compañía aseguradora, el problema no es consecuencia de la rotura de la red, sino de las lluvias caídas en diciembre de 2016».
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