Carmelo Gómez: Las residencias no son negocios

Bajo el título de «Las residencias no son negocios’, el abaranero Carmelo Gómez Martínez publica un nuevo artículo en el diario La Verdad donde argumenta que «Una residencia de mayores no es un hospital, ni un servicio de salud. Pero tampoco somos 'asilos' en su más antigua y denostada concepción… No se confunda estimado lector, no somos negocios. Somos entidades de carácter social, que prestan servicios sociales».

 

Si algo hemos aprendido con esta maldita pandemia es que el concepto 'estabilidad' ya no sirve para definir nuestras vidas, ni lo que hacemos. Se han transformado las relaciones humanas, las preferencias, los hábitos, etc. Vivimos en plena vida líquida, aludiendo al término acuñado por Zigmunt Bauman, en el que nunca antes esta generación se ha visto tan insegura.

 

En las residencias de mayores ha pasado lo mismo. Atrás han quedado aquellos tiempos de relativa estabilidad, donde los problemas de estas instituciones estaban delimitados por un permanente horizonte de mejora de la calidad de las atenciones prestadas a las personas dependientes. En esta vida tan inestable se han desdibujado conceptos y términos que pensábamos que estaban superados. En estos días en que involuntariamente salimos, por desgracia, en las portadas de los periódicos, y somos noticia en las cabeceras de numerosos programas de radio y televisión, no siempre se nos identifica con lo que realmente somos.

 

Una residencia de mayores no es un hospital, ni un servicio de salud. Pero tampoco somos 'asilos' en su más antigua y denostada concepción. Somos instituciones que vivimos con un gran estigma social, arrastrados por un pasado del que no somos responsables. Igual pasó con los orfanatos y con los psiquiátricos. Cuando en prensa sale alguna noticia que denuncia el maltrato al que algún anciano ha sido sometido por un trabajador desaprensivo, todos los que en este país vivimos cuidando de personas mayores temblamos en la misma medida que experimentamos enfado. De repente, la sociedad no juzga a una residencia maltratadora en particular, sino que todas las residencias son sospechosas. No nos extraña que ese fin de semana aumenten las visitas de los familiares, alarmados por el 'por si acaso'. Es normal, yo también lo haría. Pero ello no exime a la sociedad de una actitud de prejuicio hacia aquellas entidades que dedicamos mucho esfuerzo a cuidar a sus seres queridos. Son muchos los prejuicios que sufrimos. En cambio, cuando se conoce de la negligencia de un hospital nadie va al día siguiente a la puerta de los quirófanos a comprobar si la pierna amputada a su familiar ha sido la correcta.

 

Uno de los prejuicios de más actualidad es el de vernos como 'negocios'. Cuando se habla de nuestra actividad pocos saben que las residencias no son negocios. Son entidades, de diversa naturaleza fiscal, prestadoras de servicios sociales. Se nos acusa en ocasiones de 'cobrar' por nuestros servicios como un rasgo de hipocresía institucional. En estos momentos todos podríamos nombrar numerosas ONG’s que reciben subvenciones millonarias para atender a inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza, entre otras actividades. No por ello son más sociales que las residencias y menos sujetas a un régimen económico que garantice su supervivencia y viabilidad.

 

En estos más de veinte años de servicio he podido comprobar cómo algunas entidades empresariales funcionaban como ONG’s, y también cómo entidades del tercer sector funcionaban tal que empresas puras y duras.

 

No se confunda estimado lector, no somos negocios. Somos entidades de carácter social, que prestan servicios sociales. El propio Gobierno de España nos considera servicios esenciales (BOE, orden SND/275/2020 de 14 de marzo). Quizás por eso nos siga sorprendiendo, en la misma medida que nos entristece, que la Administración Pública en sus diversas facetas no tenga el más mínimo decoro en tenernos en cuenta a la hora de ayudarnos para garantizar que los mayores a los que atendemos tengan los servicios que necesitan, más si cabe cuando estos deben ser procurados por entidades públicas. Los sindicatos que nos critican públicamente por pagar salarios bajos son los mismos que firman un convenio colectivo estatal que frena la mejora de la calidad asistencial y en el que se fijan dichos salarios. Los organismos públicos que conciertan sus servicios con nosotros son los mismos que abonan por esos servicios cantidades más propias de la beneficencia que de la atención social.

 

Por favor, no nos señalen más con la expresión 'son negocios', cuando no es verdad. Somos aquellos que seguimos amenazados por un virus que ataca especialmente a sus moradores ancianos sin la ayuda de nadie.

Pueden seguir otras interesantes publicaciones de este mismo autor a traves de su blog 'Desenectute'