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J. A. Moreno
Sábado, 26 de agosto de 2017
AL APRECIAR INDICIOS DE PREVARICACIÓN Y FRAUDE

La Fiscalía lleva al juzgado al alcalde de Abarán por sospechas de favoritismo

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Aprecia indicios de prevaricación y fraude en la actuación de Jesús Molina y del técnico municipal que hizo las valoraciones de las fincas

[Img #20513]Prevaricación y fraude a ente público. Tales son los supuestos delitos por los que la Fiscalía Superior de la Región ha interpuesto una denuncia en los juzgados contra el alcalde de Abarán, Jesús Molina Izquierdo, en cuya actuación en el proceso de subasta y, posteriormente, de permuta de unos terrenos municipales aprecia múltiples indicios de ilegalidades. La denuncia se dirige también contra un ingeniero técnico municipal que realizó las valoraciones de las fincas cuya propiedad se intercambió. Así lo cuenta hoy en diario 'La Verdad' a través de su edición digital y en una información que firma el periodista Ricardo Fernández.

 

La actuación de la Fiscalía viene motivada por las quejas de un particular, que se sintió arbitrariamente perjudicado por el Consistorio cuando concurrió a la subasta de un terreno de propiedad municipal.

 

Este vecino tenía en apariencia razones sobradas para sentirse agraviado. Y es que el Pleno del Ayuntamiento decidió, en diciembre de 1996, sacar a subasta una parcela de 1.138 metros cuadrados, situada en el Cabezo del Algarrobo, que estaba calificada como suelo no urbanizable y que había sido valorada en 144.901 pesetas de la época (unos 870 euros).

 

[Img #20512]Pues bien, pese a que este ciudadano fue quien más pujó (251.200 pesetas; 1.508 euros), el Consistorio le adjudicó el terreno a otro vecino, cuya puja se había quedado en 201.000 pesetas (1.206 euros), sin que nada en apariencia justificara tal decisión.

 

Lo que hizo el perjudicado fue recurrir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que como no podía ser de otra manera le otorgó la razón y declaró nula la adjudicación de la parcela municipal.

 

Sin embargo, cuando el vecino que caprichosamente había sido privado de esa parcela volvió a ponerse en contacto con el Consistorio, en mayo de 2003, para instar a que se le adjudicasen los mencionados terrenos, la contestación que recibió fue, entre otras consideraciones, que la parcela había cambiado de calificación, pasando a ser suelo urbanizable industrial, y que ya no existía interés en que dejara de formar parte de los bienes municipales.

 

El doblemente ofendido volvió a recurrir al TSJ para que obligara al Ayuntamiento a entregarle ese suelo, pero esta vez la justicia falló en su contra. Así, le hizo saber que en su primer recurso solo había pedido la nulidad de la adjudicación, cuestión que había conseguido, pero que no había reclamado que seguidamente se le otorgara la propiedad de la parcela. De manera que el Ayuntamiento no tenía ya obligación de deshacerse de ese bien.

 

Compuesto y sin novia, el agraviado vecino se quedó como estaba -sin parcela- y tuvo que renunciar a seguir batallando.

 

Pero en el asunto de estos terrenos no estaba dicha aún la última palabra ni -para su estupor- se había tomado la última decisión.

 

 

Intercambio de terrenos

 

En junio de ese mismo año, el vecino a quien se le había adjudicado el solar de forma irregular, A.C.L., adquirió otro trozo de tierra en el paraje El Cuchillo, con una superficie de 4.494 metros cuadrados, por los que pagó 3.200 euros. Y solo dos días más tarde acudió al Ayuntamiento a ofrecer esa parcela, con el fin de permutarla por la finca municipal del Cabezo del Algarrobo a la que había tenido que renunciar.

 

Llama la atención, en base a los datos recabados por la Fiscalía, que esta vez el Consistorio no alegara que ya no quería desprenderse del terreno público y se iniciaron los trámites para llevar a buen término el intercambio de propiedades. Así, en marzo de 2014, el técnico municipal J.S.G. emitió un informe de valoración de los terrenos, que establecía un valor de 7.549,92 euros al solar ofrecido por el vecino interesado, y un valor de 9.718,52 euros al de propiedad municipal.

 

De esta forma, si en ese momento se hubiera acordado la permuta, el vecino habría tenido que compensar a las arcas municipales con 2.168,60 euros.

 

 

Sin razón aparente

 

Por las razones que fuera, el acuerdo no se cerró en ese momento y ocho meses más tarde, «sorprendentemente y desconociéndose la razón», según las investigaciones de la Fiscalía, el mismo técnico volvió a efectuar una nueva valoración sobre esos mismos terrenos. Esta vez, sin que nada hubiera cambiado en apariencia, la finca ofrecida por el vecino pasó a ser valorada en 5.257,98 euros y la del Ayuntamiento en 6.031,40 euros. De esta forma, la cantidad en la que el interesado tenía que compensar al Consistorio se reducía de los 2.168,60 euros de origen a solo 773,42 euros.

 

O lo que es igual, las arcas dejaban de ingresar 1.395,18 euros con esa nueva valoración, sin que nada hubiera cambiado aparentemente.

 

Pues bien, entonces sí se llevó a efecto la permuta y el alcalde Jesús Molina firmó en marzo de 2015 la escritura de intercambio de ambos terrenos. A todo ello, siempre según las consideraciones del Ministerio Püblico, sin que el Consistorio hubiera llegado a justificar la necesidad de proceder a esa permuta ni a explicar qué interés podía tener en los terrenos ofertados por el vecino, que es algo a lo que la ley obliga en estos casos de enajenación extraordinaria de bienes públicos.

 

Este cúmulo de supuestas irregularidades ha llevado a la Fiscalía a interponer una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude contra el primer edil abaranero, Jesús Molina; contra el ingeniero técnico que suscribió los dos informes de valoración, J.S.G., y contra el beneficiario último de la operación, el vecino A.C.L.. Las diligencias se instruirán en el juzgado de Cieza al que hayan correspondido por las normas de reparto.

 

El primer edil denunciado solo manifestó que en este caso, como en el resto, se limita «a seguir las indicaciones de los técnicos».

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