La Guardia Civil, en el transcurso de una investigación relacionada con la agresión cometida contra un perro, que recibió un disparo con una escopeta de perdigones, ha instruido diligencias contra un vecino de Águilas como presunto autor de un delito de maltrato animal. El can herido, que ha sido adoptado, se recupera satisfactoriamente de las heridas sufridas.  

Los agentes policiales recabaron todos los indicios posibles y trasladaron la información al SEPRONA, que se hizo cargo de la investigación del suceso y, gracias a la colaboración ciudadana, pudieron identificar, localizar e investigar al presunto autor del disparo e incautar el arma utilizada, una escopeta de aire comprimido, abriendo diligencias por un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

Con esta operación, el SEPRONA da nuevamente cumplimiento a la incipiente proliferación de preceptos legales que protegen los derechos de los animales quienes ostentan una figura adecuadamente protegida por nuestro vigente Código Penal.

Solidaridad vecinal

Las primeras pesquisas practicadas por los investigadores de la Guardia Civil permitieron constatar una actitud encomiable por parte de los vecinos de Calabardina, la pedanía aguileña donde ocurrió el suceso, quienes se hicieron cargo del animal herido, le prestaron auxilio y lo trasladaron en un vehículo particular hasta un servicio veterinario de urgencia donde fue asistido y tratado para sanar sus heridas. Además, con aportaciones económicas, los propios vecinos asumieron el coste derivado de la asistencia veterinaria a ‘Balín’, nombre con el lo han apodado los vecinos.

Maltrato animal

El delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (maltrato animal), se encuentra recogido en la reciente reforma del Código Penal, que lo define como «el hecho de maltratar injustificadamente a los animales, mediante cualquier medio o procedimiento, causándoles lesiones que menoscaben gravemente su salud o la muerte. Estas conductas están castigadas con penas de tres a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de uno a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales».