Se trata de la reproducción y cultivo de variedades de nectarina y albaricoque patentadas, cuya manipulación con fines agrícolas o comerciales está sujeta al pago de los correspondientes cánones. Han sido imputadas cuatro personas de Abarán y Jumilla relacionadas con el sector agrícola como presuntas autoras de delito relativo a la propiedad industrial. Han sido intervenidas 4.500 plantas en un vivero de Jumilla

El pasado mes de enero, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) inició la investigación cuando tuvo conocimiento que, en fincas agrícolas de Jumilla y Abarán, se estaban explotando variedades de nectarinas y albaricoques patentadas y registradas por una empresa investigadora del sector, sin autorización.

Ante las sospechas de que estos cultivos se estuvieran realizando por canales distintos a los regulados, así como evadiendo el pago de los correspondientes cánones, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de una filial de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, para el estudio de estos frutales con la finalidad de determinar, previo análisis, si el material vegetal se correspondía con los productos registrados.

El cotejo de las muestras obtenidas ha determinado que se trata de variedades patentadas y sujetas al pago de royalties, lo que ha destapado un entramado dirigido al cultivo de productos registrados sin el correspondiente abono de tasas, en el que aparecen relacionadas cuatro personas. Por una parte tres propietarios de fincas de Jumilla y Abarán que, presuntamente, facilitaban el material vegetal a un vivero de Jumilla, donde una cuarta persona aparece relacionada con la supuesta reproducción de las mismas.

Una vez obtenidos los indicios necesarios la Guardia Civil ha imputado a cuatro personas –una mujer y tres varones, españoles, con edades comprendidas entre los 42 y  65 años– a las que se les atribuye la presunta autoría de delito contra la propiedad industrial. Además, han sido intervenidas 4.500 plantas.

En el caso investigado se refiere a la reproducción y a la obtención de beneficios económicos a través de la explotación de variedades vegetales protegidas, sin el consentimiento del propietario de un título de obtención vegetal, delito éste que puede ser castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años.

Esta práctica supone una competencia desleal en el sector, además de un perjuicio directo a la empresa investigadora que, con costosas inversiones, mejoran la calidad y la producción de los productos agrícolas que llegan a nuestras mesas.