Piden prisión para la dueña de un pub de Abarán por exceso de ruidos

La Audiencia Provincial ha sentado esta mañana en el banquillo a la dueña de un bar de la pedanía abaranera de Hoya del Campo por un presunto exceso de ruidos. La Fiscalía de Medio Ambiente, que lleva años desplegando una dura batalla en toda la Región contra la contaminación acústica, reclama para ella hasta seis años y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación para dirigir establecimientos de hostelería por unas prácticas que, sostiene la Fiscalía, «causaron secuelas a algunos de sus vecinos». Se da la circunstancia de que el equipo de sonido del local (imagen), llegó a estar precintado por orden del Ayuntamiento de Abarán, que no tuvo más remedio que levantar el precinto una vez que la propietaria adoptó una serie de medidas dirigidas a evitar los ruidos al exterior.

 

Según recoge hoy una información publicada en el diario 'La Verdad', desde el 11 de septiembre de 2013 hasta el 26 de julio de 2015, la procesada regentó en la citada pedanía el bar T'Abraxas (Encuentro Latino), cuya actividad autorizada era la de café bar con música. La Fiscalía recoge en su escrito de conclusiones provisionales que, durante esos años la acusada, «además de no respetar los horarios de cierre, llevó a cabo actividades no permitidas por la licencia de que disponía, tales como fiestas, karaokes y espectáculos, actuando como si de una discoteca se tratara». Por estos incumplimientos, las fuerzas del orden llegaron a levantar diversas denuncias.

 

«En ese tiempo -sostiene el Ministerio Público- la dueña del local permitió, presuntamente, que el sonido de su local rebasase los niveles máximos permitidos por ley».

 

El fiscal recoge en su escrito, hasta siete días distintos en los que los agentes de la Policía Local de Abarán acudieron a la vivienda de un vecino para registrar esos excesos sonoros. «Como consecuencia de ese ruido -remarca la Fiscalía- el vecino sufrió ansiedad, insomnio crónico y un cuadro ansioso depresivo», por lo que el Ministerio Público reclama que lo indemnice con 11.700 euros.