Desde la entrada en vigor a principios de enero de la orden de la Consejería de Agricultura que establece «la prohibición de incinerar residuos vegetales excepto por razones fitosanitarias», los agricultores de nuestra región ya han presentado un total de 749 peticiones para realizar quemas, de las cuales los técnicos de la Consejería ya han evaluado y tramitado ya 350 expedientes del total de declaraciones responsables recibidas para la quema de residuos agrícolas. Blanca, con 60, y Abarán, con 45, son los municipios que más peticiones han presentado hasta ahora, mientras que Cartagena solo ha cursado una y Murcia únicamente dos.

De las 400 solicitudes presentadas que todavía están sin evaluar, catorce de ellas han tenido que volver a ser revisadas por presentar algún error y 55 han sido devueltas al agricultor o empresa interesada por presentar deficiencias en la cumplimentación de la declaración responsable, de los cuales cuatro se han subsanado, según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura.

Las declaraciones responsables deben acreditar la existencia de un riesgo fitosanitario al presentar los restos de poda plagas o enfermedades como el barrenillo, avispilla, virus del mosaico del pepino dulce o virus rugoso del tomate, entre otras. Estas incidencias deben quedar acreditadas por asesores en Gestión Integrada de Plagas, inscritos en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) del Ministerio de Agricultura, que deben presentar un informe acompañando a la declaración responsable del interesado ante el ayuntamiento correspondiente y a la Consejería.

«Son muy pocas»

Ecologistas en Acción y la plataforma Stop Quemas señalan que son «muy pocas» autorizaciones presentadas teniendo en cuenta los registros de quemas que se han llevado a cabo. La plataforma señala que ha contabilizado 300 quemas desde comienzo de año, la gran mayoría en el municipio de Murcia, por lo que les resulta incomprensible los dos expedientes presentados solo en esta zona. Ecologistas incide en que los ayuntamientos deben ser partícipes en el control de las quemas en todo su término para que estas no acaben siendo perjudiciales para el medio ambiente y la salud, y que sus actuaciones no se circunscriban solo si la incineración se produce a pocos metros de un núcleo urbano.