A través de un artículo de opinión publicado hoy en el diario La Verdad, el abaranero Carmelo Gómez Martínez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, recoge distintas cuestiones a propósito de este primer año en el que nos hemos visto obligados a convivivir con la Covid-19. «Es vergonzoso que la propia administración pública sanitaria compita descaradamente con las residencias por contratar a enfermeras», expresa nuestro paisano.

Hace más de un año que un maldito y microscópico virus nos tiene atrapados. Nadie puede dudar de que ha secuestrado nuestras relaciones, los sentimientos que nos han ayudado a ser nosotros mismos, y ha elevado la intensidad de determinadas emociones a su máximo nivel como el miedo, la rabia y la angustia. Desgraciadamente, el coronavirus también ha elevado a niveles patológicos la desmemoria y la incompetencia de algunos.

En vísperas de la mortífera tercera oleada, allá a primeros de diciembre, algunos compañeros sanitarios comenzaron a visitar las residencias de mayores con la clara intención de hacer propósito de enmienda. Fueron bien recibidos, sin rencor. A día de hoy, tras estar vacunada la inmensa población de personas mayores y trabajadoras de las residencias, todo aquello ha quedado en una experiencia bonita para contar por su excepcionalidad. Por lo visto, nos dicen, el proceso caótico de vacunación de la población, les impide atender las necesidades de los mayores dependientes de las residencias. Otra vez, los ancianos más frágiles son los primeros en quedarse atrás. Aquellas jóvenes e ilusionantes iniciativas de coordinación sociosanitaria, puesta en marcha a mediados de diciembre, han quedado en aguas de borrajas. Solo unas pocas compañeras de algún área de salud, y por supuesto los compañeros de Corecass, han seguido apostando por mejorar una atención inexistente hasta ahora. Me sigue sorprendiendo el descaro con el que algunas organizaciones de la Administración Pública, y de los entornos de los partidos políticos y sindicales, siguen hablando públicamente de la necesidad de nuevos modelos de centro o de cambio de paradigma asistencial, cuando esas mismas organizaciones no han sido capaces de articular formas de enmendar los errores cometidos por unos e ignorados por otros.

Ya en el terreno de los profesionales sanitarios, destaca el drama de la situación de las enfermeras y de las gerocultoras (muchas de ellas auxiliares de enfermería) de las residencias. Hemos sido conocedores de la iniciativa de un determinado partido político que ha propuesto seriamente la puesta en marcha de un grado formativo superior de formación profesional que supuestamente capacitará a sus egresados a supervisar. Pero, ¿supervisar qué? La sola propuesta supone un insulto a la inteligencia y una ofensa a la buena fe de tantas compañeras que se han dejado la piel durante la pandemia y durante muchísimos años antes de que esta apareciera.

Ese partido político ha permitido que su socio de gobierno estatal haya mirado para otro sitio cuando desde las autonomías se le pedía ayuda desesperadamente, aludiendo como solución inmediata la nacionalización gubernamental de todas las residencias, como si de economatos venezolanos se tratara. Más que gastar bromas pesadas a destiempo y sin gracia sobre nuevas titulaciones, mejor sería ocuparse de influir, junto a las organizaciones sindicales, en la denuncia del actual convenio laboral nacional del sector. Este acuerdo entre determinadas patronales y los representantes del Estado y de los trabajadores, como son los sindicatos, es el único responsable de que los sueldos de determinadas figuras profesionales y laborales sean bochornosos, más propios de los años noventa del siglo pasado que de un siglo veintiuno ya bien entrado. Convenio que ridiculiza la responsabilidad creciente que las enfermeras han adquirido en las residencias, ya que estas son centros de cuidados, es decir, de enfermería. Más debería preocuparse este partido político y sus socios de llamativos colores en plantear alternativas serias, pero estas de verdad, para que las organizaciones consigan fidelizar a estas profesionales en sus puestos. Es vergonzoso que la propia administración pública sanitaria compita descaradamente con las residencias por contratar a enfermeras, dejando estas sus puestos en aquellos lugares donde viven curiosamente ancianos frágiles desatendidos precisamente por dicha administración.

Está claro que la vacuna está permitiendo reducir la mortalidad de los mayores en las residencias. Pero lo que no puede solucionar este fármaco es la amnesia de esta 'nueva normalidad', más estúpidamente obsesionada en volver al 12 de marzo de 2020 que en aprender de los errores que la pandemia ha sacado a flote, cual alcantarillado atascado.