Las pequeñas empresas dedicadas al transporte por carretera en la Región de Murcia -en su mayoría familiares-, se verían condenadas a desaparecer si prosperan las nuevas concesiones que tiene previsto sacar a licitación la Consejería de Fomento. Una de esas empresas, ‘Autobuses Sánchez Gil’, afincada en Abarán y concesionaria del trayecto Abarán-Cieza y Abarán-Hoya del Campo, ve con preocupación la propuesta de la Consejería después de que se anunciara el nuevo Mapa de Movilidad contemplado en el Plan Director del Transporte, que reducirá de 27 a 10 las concesiones de autobús y facilitaría la llegada de grandes corporaciones de nivel nacional dejando fuera a las pequeñas y medianas empresas de la región, y abocándolas a su desaparición. 

«Ante la situación creada por la Covid-19 creemos que no es el momento de llevar a cabo ahora la ejecución de este nuevo plan concesional, donde claramente serían perjudicadas las empresas con concesiones pequeñas, que desaparecerían por la imposibilidad de acceder a cualquiera de estas nuevas concesiones donde se hace necesaria una importante inversión para adquirir entre 15 y 30 autobuses. Lo suyo sería tratar de ampliar plazos y prorrogar las concesiones existentes, dentro de la legalidad posible, y ver cómo evoluciona la situación en este sector mientras tanto», apuntan desde la citada empresa con sede en Abarán.

«En definitiva, con la considerable disminución de ingresos y viajeros, que ya de por sí hacen inviable cualquier concesión, hay que tener en cuenta que la esperanzadora recuperación económica del sector a corto plazo no se va a hacer realidad como mínimo hasta 2023, por lo que creemos que no es el mejor escenario para plantear ahora una renovación concesional de estas dimensiones», añaden responsables de esta concesionaria de la línea Abarán-Cieza, que, por cierto, lleva en funcionamiento casi 100 años, siendo la actual dirección de esta empresa la cuarta generación de una familia dedicada al transporte de viajeros.

Y es que los planes de Fomento han encendido la alarma entre las pequeñas compañías familiares, de igual forma que ocurrió hace varios meses cuando la Consejería de Educación sacó a licitación el nuevo mapa del transporte escolar, que también agrupaba los contratos vigentes en grandes zonas geográficas, dejando sin posibilidades de competir a las concesionarias actuales. Ante las quejas de las empresas, Educación prorrogó los contratos en vigor y aplazó el concurso, ya que no se habían agotado las prórrogas legales.

En declaraciones recogidas por el diario ‘La Opinión’, fuentes de las empresas familiares han asegurado que «están pasándolo muy mal y se encuentran endeudadas por la pandemia», dado que se han visto obligadas a «mantener un servicio público que va casi vacío durante meses y es muy costoso». La patronal ve difícil que los nuevos contratos mantengan líneas deficitarias, como las de Lorca-Puntas de Calnegre, Aledo-Totana, Totana-Mazarrón o Abarán-Cieza, entre otras.

«La Administración tiene que tener claro que hay servicios públicos que le van a costar dinero», indican estas fuentes, añadiendo que «se está intentando facilitar la fusión de las pequeñas empresas para constituir compañías más grandes que estén en condiciones de competir con las grandes grupos del sector, pero el proceso resulta muy difícil».