
El pasado mes de octubre la Policía Local de Abarán levantó diversas actas de denuncias «por incumplimiento a la normativa de residuos y por vulnerar la legislación medioambiental e industrial», han informado fuentes policiales.
Agentes de este Cuerpo fueron conocedores de que, en unas parcelas dentro del término municipal de Abarán, propiedad de una empresa de construcción, se estaban enterrando escombros de manera ilegal. Los uniformados lograron observar cómo, en lo alto de un cerro, una retroexcavadora se encontraba haciendo labores de barrido con el cazo.
En la inspección policial se descubrió que, al parecer, la retroexcavadora se encontraba enterrando y ocultando vertidos de todo tipo: material orgánico, plásticos, restos de construcción, escombros y otros, llevando a cabo, a juicio de los agentes, «una eliminación de residuos de demolición y construcción mediante su depósito en el suelo, compactando y mezclando con tierra propia de la zona».
En la labor policial, los agentes fotografiaron distintas zonas en las que se amontonaban los desperdicios, «evidenciando dichas imágenes que se estaba cometiendo una infracción medioambiental, careciendo de autorización para eliminación de residuos».
Cabe destacar que vulnerar la normativa de gestión de residuos supone una tragedia económica y medioambiental evitable, ya que los principales restos de obra, como hormigón, materiales cerámicos y aglomerado asfáltico, son de los pocos residuos que se pueden reciclar infinitamente.
Esta mala praxis, además de un posible delito medioambiental, podría llegar a ser considerado fraude al consumidor y a la administración pública como delito de naturaleza fiscal, pues no se abonan las correspondientes tasas de los residuos que se hacen desaparecer.
Por otra parte, queda demostrado que solo poco más del 50% de los residuos derivados de la construcción y demolición generados en España entran en los circuitos legales de reciclaje mediante entrega en planta o uso en la propia obra, ya que la mayor parte son destinados a vertederos ilegales o al vertido como elemento de relleno sin valorización previa.
Los gestores de este tipo de residuos reclaman la toma urgente de medidas, que permitan el cumplimiento de la legislación que obliga a «procesar todos los residuos de construcción generados» por un gestor autorizado para así favorecer su reutilización o vuelta al mercado de materias primas de construcción, en forma de áridos reciclados indistintamente de cual vaya a ser su uso posterior, promoviendo, de esta manera, la compra verde responsable.
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