El alcalde de Abarán, Jesús Gómez, ha decidido retirar a Adrián Carrillo las competencias delegadas de Personal, Política Social y Policía, «como medida cautelar para garantizar que el proceso de esclarecimiento de los hechos se desarrolle con la máxima independencia y rigor». La decisión llega tras la anulación del proceso selectivo para cubrir dos plazas de psicólogo/a en el Ayuntamiento de Abarán, después de que se estimara el recurso de alzada presentado por uno de los aspirantes y de que se detectaran diversas irregularidades durante su tramitación.
Las competencias retiradas al hasta ahora concejal de las citadas áreas serán redistribuidas entre otros miembros del equipo de gobierno. Jorge Ato se hará cargo de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil, mientras que Fátima Saorín asumirá Personal y Política Social. Además, el Centro Ocupacional, que hasta ahora estaba integrado en el área de Política Social, pasará a depender de Leticia Yelo, actual concejala de Educación, Empleo, Hábitos Saludables y Atención Temprana, al contar con una entidad y funcionamiento propios.
El origen de todo este proceso se remonta a un decreto de Alcaldía, con fecha del pasado 31 de agosto, que resolvió estimar un recurso presentado contra el proceso de selección de psicólogo del Ayuntamiento de Abarán y declarar la nulidad del procedimiento «por haberse lesionado los principios constitucionales de acceso a la función pública y transparencia». Entre las irregularidades señaladas en el documento figuraban la formulación de preguntas de examen basadas en el temario personal elaborado por una de las aspirantes, la falta de transparencia en las actas de notas definitivas, la no corrección de resultados tras presentarse alegaciones y el traslado de documentación por cauces no oficiales, además de la intervención de un concejal en el traspaso del temario entre una aspirante y la presidenta del tribunal. Como consecuencia, se retrotrae el procedimiento hasta el momento de la lista de admitidos y excluidos, para que pueda desarrollarse de nuevo con todas las garantías.
Este asunto fue precisamente uno de los temas que los grupos de la oposición llevaron anoche al pleno ordinario celebrado en nuestro ayuntamiento. Allí, el alcalde avanzó que hoy daría explicaciones y anunció que había firmado una providencia solicitando a la Secretaría General un informe jurídico sobre los aspectos acreditados en la resolución y su posible calificación como ilícito administrativo o penal, comprometiéndose a que, de confirmarse alguna circunstancia constitutiva de delito, sería el propio equipo de gobierno el que continuaría con el procedimiento.
El regidor ha señalado hoy que la trascendencia de este asunto exige actuar «con prudencia y contundencia al mismo tiempo», y ha confiado en que «esta nueva fase permita esclarecer los hechos y determinar, con todas las garantías, las actuaciones que correspondan».
El PP pide su dimisión
La decisión del alcalde llega en paralelo a la petición de dimisión por parte del Partido Popular. El portavoz popular, David Pérez, ha calificado lo ocurrido como algo que va más allá de «un simple error administrativo», al entender que compromete la confianza y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, y ha pedido además «una revisión política de todos los procesos de selección y contratación gestionados por el concejal durante sus siete años al frente del área de Personal».
