Tantearon el terreno, echaron un vistazo a la vivienda, cambiaron la cerradura y, ante la acuciante necesidad, decidieron ocupar el piso con todas las consecuencias. Miguel y Lorenza nunca han negado que ocuparan la vivienda de forma irregular, una acción por la que ahora, tras dictarse sentencia judicial, han sido condenados a una multa de 180 euros como autores de un delito leve de usurpación, y, por supuesto, al desalojo de la vivienda, hecho que se ha consumado hace apenas unos días.
Él, 20 años; ella, 19. Un niño a cuestas y otro que viene de camino. «Observamos que la casa estaba cerrada durante muchos meses y decidimos meternos de manera ilegal pero por necesidad, pues nos encontrábamos en la calle con nuestro hijo, que por entonces tenía tres meses y medio», asegura Lorenza.
Al entrar en el inmueble, un bloque de viviendas sociales de la calle Duque de Ahumada, la pareja encontró varios sillones, un mueble para una tele, un horno, un microondas y un lavavajillas. «Y todo sigue allí», explica la joven. Sin embargo, la vivienda resultó ser propiedad de la Consejería de Fomento e Infraestructuras que, a través del Instituto de la Vivienda y Suelo, la tenía adjudicada a otra persona, una vecina de Cieza, desde el 1 de marzo de 2013 y por una renta mensual de 133 euros.
La afectada, que al parecer ahora se encuentra viviendo en su pueblo natal, tras conocer lo que había ocurrido, presentó denuncia para inicial un proceso judicial que desalojara a los ‘ocupas’, a pesar de que Santiago y Lorenza defendían que esta señora «no vivía allí desde hacía mucho tiempo. Está residiendo en Cieza e incluso tiene allí escolarizada a su hija», aseguran.
Sobre si la propietaria residía o no en la vivienda, en la sentencia, a la que ha tenido acceso ‘La Verdad’, el juez instructor deja muy claro que no se puede entrar a valorar «si la vivienda estaba desocupada por más o menos tiempo». De hecho, según recoge el fallo judicial, la denunciante explicó que durante las fechas en la que los denunciados entraron a ocupar la vivienda ella «se encontraba en fase de separación de su marido, el cual también ostentaba derecho de uso sobre el inmueble y, al parecer, se negaba, a irse del mismo».
Reproches a la Concejalía de Bienestar Social
Menos de ocho meses después de presentarse la denuncia, y ya con la sentencia firme, las fuerzas del orden público procedían esta semana al desalojo de la familia, que, aunque inicialmente se negó a salir, finalmente depuso su actitud y lo hizo.
Ahora, sin un techo que poder compartir en común, la joven familia se verá obligada a vivir separada: Lorenza volverá de nuevo a casa de sus padres, y Miguel, que no tiene empleo fijo y solo logra trabajo ocasionalmente y en las tareas que le salen durante la temporada agrícola, tendrá cobijo en la casa de su madre. Y el niño, a caballo entre las dos casas de las abuelas.
«Lo que más nos ha dolido ha sido la ‘desatención’ por parte del Ayuntamiento de Abarán, en concreto de la Concejalía de Bienestar Social», afirma el joven matrimonio. «Pedimos una entrevista hace meses y aún estamos esperando que nos den cita. Intentamos presentar una solicitud para acceder a una vivienda y nos pusieron trabas a la hora de darle curso a los papeles», se queja Miguel, que asegura que «es una vergüenza que familias que lo necesitan estén desatendidas mientras que hay una vivienda social adjudicada a personas que la tienen cerrada y no la habitan», añaden.
Desde el diario ‘La Verdad’ se ha intentado contactar con la concejala de Bienestar Social, Estíbaliz Bermejo, aunque ésta no atendió ni devolvió las llamadas realizadas a su teléfono por el redactor que firma esta noticia.
