El Partido Popular ofreció este jueves una rueda de prensa, con David Pérez y Julio Yelo como interlocutores, para responder a la comparecencia que días atrás habían protagonizado el alcalde, Jesús Gómez, y el concejal de Urbanismo, Jaime Tornero, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a una familia abaranera por el incumplimiento del convenio de permuta de los terrenos de Pisos de Carmelo.
«Nos gustaría agradecer al equipo de gobierno que, por fin, después de siete años, se hayan dignado a ofrecer algún tipo de respuesta a algo que les hemos planteado», comenzaron diciendo los ediles populares, que calificaron de insuficiente la comparecencia del Gobierno municipal: «Esperábamos algo más preparado que un simple PowerPoint con dos gráficas y, encima, sin responder a ninguna de las cuestiones que pusimos sobre la mesa».
Dudas sobre la firma del convenio de 2006
El PP recordó que el PGOU se aprobó definitivamente en 2004 y planteó por qué se firmó en 2006 un convenio de permuta por un terreno en el polígono del Acebuche que, según denuncian, «ni siquiera estaba en desarrollo entonces y sigue sin estarlo en la actualidad». Los populares se preguntan también por qué no se pagó directamente a la familia el importe de la tasación con el dinero recaudado por aprovechamientos vendidos en aquella legislatura, citando los más de 600.000 euros de las viviendas de Casablanca, los más de 900.000 euros del suelo industrial de «Los Lucas» o los 1.200.000 euros del canon del agua.
Reclamación patrimonial y dos reuniones, no una
Según el PP, toda la información aportada está contrastada directamente con la familia afectada, que presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial el 25 de junio de 2019 y mantuvo dos reuniones con el alcalde y el entonces concejal de Urbanismo, «no solo una sola» como habría afirmado el regidor. Los populares insisten en que el convenio se firmó en 2006 bajo un gobierno del PSOE del que ya formaba parte el actual alcalde, sabiendo que al año siguiente había elecciones: «Se tomó una decisión cuyos problemas y consecuencias podía acabar afrontándolos otro (…) unos firman y otros pagan».
Sobre la pregunta del propio alcalde acerca de qué hizo el PP durante sus once años de gobierno, la respuesta de los populares fue que se dedicaron a afrontar la herencia dejada por la anterior legislatura socialista, citando la compra del «Hortel» por 1,5 millones de euros, pólizas sin pagar y convenios incumplidos.
Tres instancias judiciales perdidas
Los ediles recordaron el recorrido judicial del caso: reclamación patrimonial en primera instancia, perdida; recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, perdido; y recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también perdido. A su juicio, el equipo de Gobierno «ha estado dando patadas hacia delante» esperando que el problema estallara en la siguiente corporación, algo que finalmente no ha ocurrido: la sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar, con costas e intereses, alrededor de 500.000 euros.
Según el PP, tras dictarse la sentencia a principios de junio de 2026, Jaime Tornero habría intentado entonces negociar con la familia, algo que los populares reprochan que no se intentara antes. Los concejales también hicieron referencia al último Pleno, en el que, según relatan, fueron objeto de descalificaciones personales «por parte del concejal de Urbanismo sin que el alcalde le llamara al orden».
Preguntas pendientes y el asunto del PIREP
El PP reclamó respuestas concretas: ¿por qué no fue posible resolver el conflicto antes?, ¿qué decisiones concretas llevaron el procedimiento hasta el Tribunal Supremo?, y ¿si se hizo todo lo posible por resolverlo cuanto antes o se dejó pasar el tiempo pensando en el año electoral que se avecina?
Además, los populares exigieron explicaciones sobre la subvención del PIREP, una ayuda de 1,2 millones de euros conseguida tras comprometer más de 120.000 euros públicos entre el concurso de ideas y la redacción del proyecto, y que ahora, según el PP, el Ayuntamiento se ve obligado a devolver. Piden conocer el coste total del proyecto para las arcas municipales, por qué se ha solicitado un aplazamiento para la devolución y qué intereses tendrá que asumir el Ayuntamiento tanto por ese aplazamiento como por el tiempo que la subvención ha permanecido en las arcas sin ejecutarse el proyecto.
Los concejales del PP concluyeron su comparecencia citando el informe de reparos de la interventora municipal sobre las concejalías de Contratación y Hacienda y calificando la gestión del tripartito de estos siete años como una «ruina financiera».
