El Pleno ordinario celebrado este martes fue, inicialmente, el escenario elegido por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Abarán para dar respuesta a las ruedas de prensa que, días atrás, habían ofrecido tanto el PP como VOX exigiendo explicaciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena al consistorio a indemnizar a una familia abaranera con 388.971 euros más los intereses acumulados, una cifra que podría superar el medio millón de euros.
El origen: un convenio firmado en 2006
En la sesión plenaria, tras una primera intervención del concejal de Urbanismo, Jaime Tornero, el alcalde tomó la palabra remontándose al año 2000, cuando el Plan General de Abarán clasificó los terrenos de la familia —situados en la zona de los pisos de Carmelo— como sistemas generales de espacios libres, con destino a zona verde, eliminando toda posibilidad de construir en ellos. Como compensación, el Ayuntamiento ofreció a la familia una dación en pago: la cesión del solar a cambio de un aprovechamiento urbanístico en una parcela del plan parcial El Acebuche. El arquitecto municipal tasó los terrenos en 388.873 euros y el convenio se firmó el 7 de junio de 2006, con una vigencia de dos años, bajo un gobierno del PSOE en el que el propio Jesús Gómez Montiel ejercía como primer teniente de alcalde, algo que el regidor no ocultó en ningún momento del debate.
«11 años de inacción bajo el PP»
El convenio venció en junio de 2008 sin que el Ayuntamiento hubiera cumplido su parte. En esa fecha ya gobernaba el Partido Popular, que había ganado las elecciones de mayo de 2007, tal y como recordó el rgidor municipal, que expuso ante el pleno una cronología detallada por legislaturas para ilustrar su argumento central: que la familia presentó por registro el 23 de junio de 2008 un escrito en el que planteaba varias salidas al conflicto —incluida la resolución amistosa del convenio—, y que ese documento estuvo en los archivos municipales durante once años sin que ningún gobierno del PP tomara ninguna medida. «La familia, el 23 de junio de 2008, con el convenio caducado, dice: una primera solución pasaría por resolver el convenio, habida cuenta de que el mismo no se ha protocolizado, no ha surtido los efectos para los que fue redactado y firmado, y en virtud de la libre voluntad de las partes, darse cada uno lo que un día se entregó», expresó en un momento dado el edil de Urbanismo ante el pleno. Y añadió: «Si se hubiera resuelto entonces el convenio, no hubiese habido ningún problema».
«Contestamos a PP y VOX»
Sin embargo, el debate del pleno no ha sido el único escenario en el que el equipo de gobierno toma la palabra sobre este asunto. Esta tarde, el propio alcalde y el concejal de Urbanismo han publicado un vídeo grabado en el salón de plenos del Ayuntamiento en el que amplían y refuerzan su versión de los hechos, respondiendo punto por punto a las ruedas de prensa de PP y VOX. El vídeo lleva por título: «El PP de Abarán tuvo la solución en su mano para resolver el convenio de Pisos de Carmelo ¡durante 11 años!, y no hicieron nada. Contestamos a PP y VOX».
En él, el alcalde arranca situando el origen del problema en los años 1999-2003, bajo un gobierno del Partido Popular, cuando el Ayuntamiento encargó la redacción del Plan General. Ya en la memoria de ese documento, elaborada en 2001, se describía la zona de los pisos de Carmelo como «muy desordenada urbanísticamente» y se mencionaba expresamente una obra en cimentación paralizada en la Rambla del Judío, perteneciente a la familia propietaria del solar. El Plan General clasificó esos terrenos como sistemas generales de espacios libres, es decir, suelo verde, eliminando la posibilidad de que la familia construyera la nave industrial que tenía proyectada.
El alcalde desgrana las fechas de tramitación del Plan General: el avance data de junio de 2000; la aprobación inicial, de septiembre de 2001 bajo gobierno del PP; la aprobación provisional, de julio de 2002 también bajo gobierno del PP; y la aprobación definitiva, del 1 de agosto de 2003, ya con el PSOE al frente del consistorio. No fue hasta junio de 2006 cuando ambas partes firmaron el convenio que ofrecía a la familia una parcela equivalente en el polígono de El Acebuche como compensación, bajo el gobierno socialista del que el propio alcalde formó parte y del que se declaró «muy orgulloso».
El mensaje central del vídeo reproduce y refuerza lo ya expuesto en el pleno: el convenio venció en junio de 2008, con el PP ya en el gobierno, y la familia acudió ese mismo mes con su abogado al Ayuntamiento para plantear una salida. Como ya expresó el alcalde en la sesión plenaria, el escrito de 2008 proponía como primera opción resolver el convenio y que cada parte recuperara lo suyo, lo que habría zanjado el problema sin coste alguno para las arcas municipales. «El Ayuntamiento de Abarán no hizo absolutamente nada, pero no lo hizo entonces ni lo hizo durante los 11 años posteriores», afirma el alcalde en este vídeo.
El regidor incide también en que ese margen de 11 años estuvo íntegramente en manos del PP, y que el cambio de criterio de la familia —pasando de pedir la resolución del convenio a reclamar el pago íntegro— se produjo en junio de 2019, apenas ocho días después de que el nuevo equipo de gobierno tomara posesión. «Estamos hablando de un cambio de criterio que a nosotros no nos dejaba gran margen de maniobra», menciona en el vídeo.
Finalmente, la grabación concluye con tres preguntas directas lanzadas por el alcalde a la oposición: ¿por qué el PP estuvo 11 años sin resolver el convenio cuando la propia familia había pedido una salida desde 2008? ¿Por qué expusieron a su portavoz a dar una rueda de prensa sobre un asunto del que no tenía información completa? Y, dirigiéndose al concejal de VOX, Jesús Tornero, expresa: «Fue también concejal del Partido Popular durante 2011, es decir, estuvo en un gobierno que pudo resolver lo anterior y no hizo nada tampoco. Y si no lo sabe o no se acuerda, tendrá que dar explicaciones en todo caso».
Por el momento desconocemos si habrá réplica de la oposición a este vídeo. Lo que sí queda claro es que el caso del convenio de los pisos de Carmelo, con una factura que podría superar el medio millón de euros para las arcas municipales, se ha convertido en el epicentro del debate político en Abarán, y es más que posible que todavía quede más por decir.
