La periodista Ana Lucas recoge en La Opinión el audio de un concejal que contactó con la víctima, quien afirma que su intención era “mediar”. El alcalde asegura que se actuará con “hechos documentados”.
El diario La Opinión, a través de su periodista especializada en sucesos Ana Lucas, ha dado a conocer este viernes detalles sobre un caso de agresión sexual denunciado por una trabajadora municipal de Abarán contra un compañero de trabajo, ocurrido en septiembre de 2025. El procesado se encuentra en libertad con cargos y con orden de alejamiento.
La información, que incluye el audio de una conversación, recoge las declaraciones del concejal responsable del área, Pablo Javier Rodríguez Soler (IU), quien contactó con la empleada afectada. En la grabación, a la que ha tenido acceso el citado periódico, el edil transmite a la mujer el perdón solicitado por el presunto agresor, al que describe como una persona que «tiene cultura la justa» y que «abusó de la confianza». «Yo sé que esto no se arregla así, pero intenta comprender que no tiene dos dedos de frente», se le escucha decir en el audio.
En declaraciones al medio, el concejal ha insistido en que, «desde el minuto uno», estuvo «apoyando a la víctima» y que su única intención fue «mediar», reconociendo que quizás en el audio «no me supe explicar». Aseguró que su mensaje buscaba transmitir que el presunto agresor «estaba arrepentido» y que «no tiene cultura», negando haber intentado que la empleada retirara la denuncia.
Según el relato de la propia víctima, cuando se puso en contacto con el concejal para informarle de la agresión, él le manifestó su apoyo en un primer momento. La empleada no ha señalado en ningún momento que el edil la presionara para que retirara la denuncia o desistiera de emprender acciones judiciales.
Posición del Ayuntamiento
Por su parte, el alcalde de Abarán, Jesús Gómez (PSOE), ha explicado a La Opinión que, una vez tuvo conocimiento de la denuncia, «se activó el Plan de Igualdad y una comisión de trabajo» compuesta por una técnico de Mujer, un técnico de Administración y una psicóloga especializada en violencia de género.
«La comisión tiene que firmar las actas y yo tendré que actuar en consecuencia. Una vez que yo tenga los documentos, para actuar con hechos documentados y tomar una serie de medidas. Es la posición más responsable que puedo tener», afirmó el primer edil, subrayando el compromiso institucional con los protocolos establecidos.
El caso se encuentra en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cieza.
Pueden leer la noticia completa en el diario La opinión.
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