Según recoge este domingo el diario La Verdad, en una información firmada por el periodista Alberto Sánchez, Abarán figura entre los 20 municipios de la Región de Murcia que todavía no disponen del plan de actuación local frente a incendios forestales que exige la normativa estatal y regional. Junto a nuestro municipio, la lista incluye a Abanilla, Albudeite, Aledo, Archena, Blanca, Bullas, Caravaca, Cehegín, Cieza, Fortuna, Librilla, Moratalla, Mula, Murcia, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura. De los 26 municipios murcianos catalogados como zona de alto riesgo, solo Cartagena y Lorca tienen aprobado su documento, mientras que Alhama de Murcia, Calasparra y Totana lo tienen redactado y a la espera de luz verde definitiva.
¿Qué es lo que Abarán tiene pendiente?
Se trata de un protocolo de emergencia de ámbito local que cada ayuntamiento debe redactar y aprobar para gestionar las llamadas zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, los puntos donde las viviendas y las urbanizaciones tocan directamente con el monte. Su función es fijar franjas de seguridad, cortafuegos y trabajos de poda que reduzcan el riesgo de que un incendio forestal llegue a afectar a las casas. Este documento debería integrarse, además, en el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) de cada localidad.
Fuentes de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias explican al citado diario que se ha avisado por escrito en dos ocasiones a los consistorios de la región para que cumplan con esta obligación. Mientras no exista un plan propio, la actuación se rige por las directrices del Plan Infomur, el protocolo regional de protección civil frente a incendios forestales.
Los datos del año en curso reflejan que el problema no es menor: en 2026 ya han ardido en la Región 1.263,45 hectáreas, un 84,6% de superficie forestal, repartidas en 182 siniestros, de los que 26 alcanzaron la categoría de incendio y 157 quedaron como conatos. Desde 2004, se han visto afectadas más de 7.000 hectáreas en nuestra región, y casi cuatro de cada diez siniestros de ese periodo se debieron a negligencias o accidentes.
A este respecto, desde Ecologistas en Acción, su portavoz Rubén Vives ha insistido en que estos protocolos «son de responsabilidad municipal y deben explicar cómo abordar la gestión de un incendio». Vives añade que «el cumplimiento de la legislación supone una protección para los vecinos», y va más allá al reclamar que los ayuntamientos elaboren también planes de autoprotección para urbanizaciones, campings, empresas y núcleos de población aislados, de forma que los vecinos sepan de antemano dónde están los hidrantes, cuáles son las vías de evacuación y qué zonas próximas al monte deben mantenerse libres de vegetación.
Entre las medidas mínimas que reclama la normativa figuran una franja perimetral de al menos 25 metros libre de vegetación entre las urbanizaciones y el monte, con podas que respeten un gálibo de seguridad de 5 metros, así como la existencia de al menos dos vías alternativas de acceso para los camiones de bomberos y una red de hidrantes perimetrales con presión y caudal suficientes.
