El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Abarán, Jesús Tornero, ofreció este martes una rueda de prensa para pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al consistorio abaranero a abonar a una familia 388.971 euros más los intereses acumulados durante 20 años. (Ver noticia relacionada aquí).
Por petición expresa del propio edil, el encuentro con los medios tuvo lugar en el mismo solar que ha dado origen a la condena, con el objetivo de que los medios de comunicación pudieran visualizar físicamente lo que esa parcela representa para las arcas del municipio. «Este suelo le va a costar al Ayuntamiento de Abarán 388.971 euros más veinte años de intereses acumulados», expresó nada más comenzar su intervención, añadiendo que la cifra total podría rozar el medio millón de euros una vez se compute el coste financiero completo.
Un recorrido cronológico por los hechos
El edil realizó un detallado repaso cronológico de los antecedentes del caso. Según explicó, todo arranca en 2006, cuando los propietarios del solar tenían previsto destinar la parcela a la construcción de una nave industrial. Fue entonces cuando el propio Ayuntamiento se puso en contacto con ellos para manifestar su interés en el terreno. Tras una valoración realizada por los técnicos municipales —que cifró el suelo en los 388.971 euros que recoge la sentencia—, ambas partes firmaron en junio de ese mismo año un convenio urbanístico por el que la familia cedía la parcela al consistorio a cambio de otra en la zona conocida como el Acebuche.
Sin embargo, -siempre según lo que ha explicado Jesús Tornero-, el cambio de gobierno municipal al año siguiente paralizó el acuerdo, que quedó en un cajón durante más de una década. No fue hasta 2018 cuando la familia retomó el contacto con el Ayuntamiento para tratar de resolver la situación, celebrando una primera reunión con el alcalde y el concejal de Urbanismo en la que, según las informaciones manejadas por el edil, el ambiente fue constructivo y los propietarios salieron con la sensación de que se podría llegar a un acuerdo. Pero los meses pasaron sin ningún tipo de respuesta ni gestión por parte del consistorio. Cuando la familia volvió a reclamar noticias, recibió como respuesta que el asunto ya no tenía recorrido. Fue entonces cuando decidieron acudir a los tribunales, y, tras un no corto proceso, el Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación sin posibilidad de apelación, dejando firme la condena.
«El pueblo necesita una explicación»
Más allá de este recordatorio de los hechos, el mensaje central del concejal de VOX fue una exigencia directa de transparencia al equipo de Gobierno. En este sentido, el edil recalcó que la gravedad de la condena se agrava por la delicada situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento: sin presupuesto aprobado para 2026, con las cuentas de 2024 y 2025 aún sin cerrar y con un remanente negativo que ronda el millón de euros. «Lo que más nos preocupa no es lo que sabemos, sino lo que no sabemos», afirmó. «No sabemos de dónde van a sacar ese dinero, si van a recortar servicios, si van a hacer un plan de ajuste. No sabemos nada».
De esta forma, ha criticado la falta de comunicación del equipo de Gobierno desde que se conoció la sentencia a través de los medios. Según explicó, desde VOX solicitaron acceso a la resolución judicial y al expediente administrativo al día siguiente de conocerse la noticia, sin obtener respuesta. «Esto no se puede despachar con un discurso de diez minutos en un pleno de cuatro horas», advirtió. «La situación es mucho más grave».
Finalmente, recordó que el equipo de Gobierno actual lleva siete años al frente del consistorio, por lo que, a su juicio, «ya no cabe escudarse en la herencia recibida de anteriores mandatos para justificar la situación económica actual», concluyó diciendo.
A continuación, la rueda de prensa íntegra:
